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Boletín de prensa 1 de junio de 2011
EL TIEMPO
DEBATE POR CÁRCEL A QUIENES INCITEN A DESÓRDENES EN PROTESTAS
El ponente de la ley dice que no se pretende penalizar las manifestaciones.
Artículo del estatuto de seguridad ciudadana consagra prisión de 2 a 4 años.
Una fuerte polémica generó la aprobación en la Cámara, el lunes por la noche, de un artículo del estatuto de seguridad ciudadana que consagra prisión de 2 a 4 años para quienes inciten a desórdenes durante una protesta pública.
Según la norma, el castigo se aplicará al que, "por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo".
El coordinador de ponentes de la ley, Alfredo Deluque (de 'la U') , dijo que "no se pretende penalizar la protesta ni las manifestaciones públicas. La imputación del delito debe obedecer a criterios establecidos en el artículo, es decir, que la actividad ilícita genere afectación contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo".
Deluque agregó que "la expresión 'medios ilícitos' abre una amplia baraja de posibilidades para su aplicación, como, por ejemplo, el que, a través de engaños, bloquee una vía principal".
Pero el segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Navas (Polo), dijo que "la pena que traía originalmente el artículo -de 4 a 8 años- era excesiva y no había necesidad de crear un nuevo artículo, sino complementar uno de los que hablan de daño de los vehículos automotores; era agregarle un parágrafo".
El congresista también afirmó que es "ambigua" la expresión 'medios ilícitos' y sugirió el término 'violento', "porque ilícito es lo que está contra la ley, y si la manifestación no tiene autorización, eso ya puede considerarse ilícito".
Para Alfredo Beltrán Sierra, ex magistrado de la Corte Constitucional, "expresar genéricamente una conducta para volverla delictiva podría resultar contraria a la garantía constitucional".
NO HABRÁ OTRA CONSTITUCIÓN IGUAL A LA DE 1991, DICE ANTANAS MOCKUS
El Estado ('Pedro sobrio'), se amarró las manos para cuando esté borracho, ejemplifica Mockus.
Para el ex alcalde de Bogotá, la Carta de 1991 es un legado positivo para el país.
La Constitución del 91 propuso un lenguaje común a los colombianos. Tutela, participación ciudadana, democracia participativa, derecho de petición, voto programático, inclusión... fueron términos que irrumpieron para acoger nuevas realidades. Y dejaron automáticamente de usarse viejos términos como "Estado de sitio". (Mi generación creció bajo la sombra de una excepcionalidad prácticamente permanente por las recurrentes declaratorias de Estado de sitio, el cual, de modo casi rutinario, se establecía tras declarar el orden público gravemente perturbado.)
El Estado, valientemente, se amarró las manos en muchos temas.
Pedro sobrio se amarra las manos para cuando Pedro esté borracho. Una Constitución es, ante todo, un sistema de ataduras.
Hubo avances en la dirección de la tradición socialdemócrata. Se introdujo la diferencia entre mero "Estado de derecho" y "social de derecho" y se adoptó con entusiasmo el segundo. Pero, también, la agenda del consenso de Washington encontró espacio inesperado: en particular, se facilitó que los servicios públicos pudieran ser prestados por particulares. En salud se prefiguró así lo que desarrollaría la Ley 100, que tan costosa ha resultado para la sociedad colombiana. El coctel neoliberalismo + pícaros + ambiente de "todo vale" no funciona, como tampoco funciona el coctel Estado + pícaros + ambiente de "todo vale".
Si es cierto que dentro de un mismo texto se incorporaron dos proyectos muy heterogéneos, uno socialdemócrata y uno neoliberal, se comprende la enorme importancia que cobró la Corte Constitucional. Así, aunque la Constitución no nos ha podido curar plenamente del "todo vale", sí le evitó a Colombia la catástrofe que hubiera sido un tercer período del presidente Álvaro Uribe Vélez.
La Constitución del 91 multiplicó el poder del ciudadano. Amplió los mecanismos de participación ciudadana. Redujo también dramáticamente las ventajas otorgadas a los políticos profesionales y a los dos partidos tradicionales. "Grupos significativos de ciudadanos" y nuevos movimientos pudieron elegir candidatos cívicos, independientes, que pudieron innovar con libertad e interrumpieron las prácticas políticas tradicionales (como la de exigir, algunos miembros de los cuerpos colegiados, cargos o contratos a cambio de decisiones de su competencia).
Impulsó el imaginario de un Estado nacional y local al servicio del ciudadano, obligado a responder en plazos perentorios a las necesidades más críticas de los ciudadanos, a rendir cuentas y a atender con la misma diligencia y eficacia a los más diversos ciudadanos (por eso, parte de lo avanzado puede resumirse en la expresión "derechos sí, no favores").
La Constitución nos abriga. Corresponde (según Agnès Heller) a la más sofisticada manera de sentirse en casa la de quien se siente en casa allí donde hay una plena vigencia de la Constitución y donde esta es conocida e invocada como referente común último por cualquier par de conciudadanos (patriotismo constitucional). El marco de derechos, libertades y restricciones deliberadamente adoptadas en la Constitución constituye, en ese caso, un auténtico abrigo compartido.
Por eso es preocupante que durante ocho años Colombia haya sido gobernada por un equipo que públicamente consideró excesivas las garantías constitucionales e impulsó reformas en puntos sustantivos (incluida la que autorizó la posibilidad de una reelección presidencial).
La Constitución invita a considerarnos mutuamente ciudadanos portadores de derechos y deberes. Según Habermas, alcanza su máximo grado de autonomía moral aquella persona que firmaría la Constitución de su país como si la hubiera escrito ella misma.
La Constitución colombiana es universalista al incorporar como parte de ella convenciones internacionales como la que establece los derechos de la niñez y la adolescencia. Lo es al prohibir la pena de muerte. (Art. 11: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.) Lo es al proteger la libertad de conciencia. (Art. 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.)
La cuestión más compleja de valorar es, por supuesto, la introducción del Artículo 35, que prohibió la extradición. Tal vez nunca sabremos si fue una norma libremente adoptada o si, en proporciones probablemente imposibles de precisar, hubo allí un efecto agregado de:
1) Nacionalismo bien intencionado (que se hubiera fortalecido mucho con el tiempo si los narcotraficantes hubieran respetado radicalmente la justicia colombiana).
2) Cálculo pragmático de los efectos benéficos que traería a todo el país la reducción del nivel de hostilidades entre narcos y Estados.
3) Presión directa (amenaza o soborno) sobre algunos de los constituyentes.
4) Presión indirecta de acciones terroristas que intimidaron en primera instancia a la ciudadanía buscando que esta presionara al Gobierno para que modificara sus políticas en materia de narcotráfico.
En mi opinión, la modificación de un artículo de la Constitución de un país por presión terrorista es la meta más ambiciosa que puede fijarse el terrorismo. Y, en cierto sentido, en Colombia, en 1991, los narcoterroristas lo lograron, provisionalmente. Fue necesaria toda una costosa teatralización, la del escándalo del proceso 8.000, para construir (o hallar en la realidad, como un auténtico ready made) la imagen de un presidente puesto por los narcos y vetado por los Estados Unidos que, por esa misma doble condición, pudiera restablecer la extradición. ¡Qué tal los narcos atacando a su presidente!
La Constitución del 91 y sus primeras aplicaciones se hicieron bajo la sombra del narcoterrorismo. Lo asombroso es que, a pesar de su éxito parcial en el tema de extradición, la presión terrorista y la lógica de la extorsión no contaminaron el resto del proceso Constituyente. Sucedió lo contrario. Los constituyentes, a cambio del cierre y nueva elección del Congreso, aceptaron no competirles en esas siguientes elecciones a quienes entonces eran congresistas. Se deliberó sin ninguna tentación de cogobierno, sin ninguna transacción clientelista. Se confió en que respetar las reglas procedimentales conduciría a buenos resultados. Se logró mucho más de lo que en ese momento muchos llegamos a esperar. Incluso se cumplieron los plazos.
El proceso de paz con el M-19 fue un proceso exitoso y fértil cuyos frutos más notables fueron la Constituyente y la nueva Constitución. Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, rodeados por un bellísimo proceso de miles de mesas de trabajo, impulsadas por Viva la Ciudadanía, lograron sacar adelante la transformación política más significativa y más admirable que me ha tocado vivir.
Recordando la constituyente
Gobernadores, elegidos por votación popular
AsÍ se consagró en la constitución de 1991
La Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el 21 de junio de 1991 la elección popular de gobernadores y estableció un período de cuatro años para su mandato. Así quedó consagrado en el Artículo 260 de la Carta: "Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes (...)". La primera elección popular para gobernaciones se realizó simultáneamente con la del Congreso, el 27 de octubre de ese mismo año.
Vía libre a la Judicatura
Administra la carrera judicial
La Constituyente aprobó la creación del Consejo Superior de la Judicatura, instancia que administra la carrera judicial, ejerce disciplina sobre jueces y abogados y maneja el presupuesto de la carrera judicial. El caldense Hernando Yepes Arcila fue el primer presidente de esta instancia de la rama judicial.
Lo aprobado hace 20 años
El primero de junio de 1991 la plenaria de la Constituyente aprobó importantes artículos relacionados con reformas económicas. En materia de manejo de la moneda, la corporación dio autonomía total a la junta directiva del Banco de la República para autorizar emisiones primarias. También se modificó el Artículo 122 sobre emergencia económica, al incorporar el factor ecológico como una de las motivaciones de su declaratoria. La Asamblea le dio la facultad al Gobierno para crear impuestos transitorios, cuyo recaudo se destine únicamente a superar la emergencia por la cual sea declarada.
PUERTA ABIERTA PARA LA AUTONOMÍA REGIONAL
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, destacó la aprobación.
Senado aprobó la ley de Ordenamiento Territorial. Sirve para crear fondos de inversión regional.
La plenaria del Senado aprobó en la noche del martes, en su debate final, la Ley de Ordenamiento Territorial, clave en los planes del Gobierno para llevar a cabo la redistribución de los recursos de las regalías y promover la planeación y la competitividad en las regiones.
El propio presidente Juan Manuel Santos felicitó al Legislativo -a través de su cuenta en Twitter- por el respaldo a otra de sus iniciativas. "Otro hecho histórico: después de 19 intentos fue aprobada Ley de Ordenamiento Territorial", afirmó el Jefe de Estado.
En igual sentido se pronunció el ministro del Interior y de la Justicia, Germán Vargas Lleras, quien destacó que después de 20 años se logró aprobar una ley de este carácter.
El Ministro dijo que la ley crea los fondos de inversión regional (Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional) y las llamadas zonas especiales, que van a permitir "alianzas entre municipios y la creación de las áreas metropolitanas".
Vargas Lleras, quien al término del debate dijo que había sido un "un día histórico", enfatizó que con su entrada en vigencia no se creará nueva burocracia.
El senador liberal Camilo Sánchez aseguró la ley "busca estimular la descentralización dándoles mayor autonomía a las regiones". Sin embargo, advirtió que es necesario "reglamentarla", con el fin de evitar "nuevos desangres".
Pero la ley ya tiene detractores. Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico e impulsor de la región caribe, dijo que la iniciativa "debe ser declarada inconstitucional (porque) se crean figuras que no están en la Constitución y no se le da paso a lo más importante del ordenamiento territorial de la Constitución del 91, que es la región como entidad territorial".
Puntos clave de la iniciativa
- Pone en marcha las Zonas de Inversión para la superación de la pobreza.
- Define los criterios de aplicación de recursos de los Fondos de Compensación territorial y de Desarrollo Regional.
- Establece principios para ejecución de proyectos regionales como el tren del Caribe, nuevas autopistas y nuevos puertos.
- Crea las regiones de Planeación y Gestión y las Regiones Administrativas y de Planificación.
- Plantea un modelo de integración regional que promueve las alianzas entre los municipios para generar economías de escala.
- Crea formas flexibles de integración territorial, premiando la
inversión y la competitividad como las Regiones de Planeación y Gestión.
- Fortalece las áreas metropolitanas: se define su régimen especial y se desarrollan criterios para facilitar su creación.
A SANCIÓN PRESIDENCIAL LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Compartir 6La iniciativa crea regiones de planificación y fondos de inversión a los que llegarán las regalías.
"Hoy es un día histórico. Después de 20 años y de 20 proyectos que habían sido negados, fue aprobada en último debate la ley de ordenamiento territorial", celebró el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
El alto funcionario destacó que la ley crea los fondos de inversión regional y las llamadas las zonas especiales, que van a permitir las alianzas estratégicas entre las entidades territoriales, "o sea las alianzas de los municipios (...) y las áreas metropolitanas".
Ley de impedimentos
Vargas Lleras dijo también que hoy mismo será promulgado el acto legislativo que elimina la posibilidad de que los legisladores se declaren impedidos durante el trámite de reformas a la constitución.
El acto legislativo fue aprobado ayer mismo, en el último de sus ocho debate, en la plenaria de la Cámara de Representes. De inmediato el Ministro ordenó su promulgación en el Diario Oficial, luego de lo cual entra automáticamente en vigencia.
La reforma tendrá consecuencias inmediatas. De entrada deja sin piso ‑señaló el Ministro-, las 50 recusaciones que han sido presentadas contra igual número de legisladores, de cara a la votación en la plenaria de la Cámara, en su octavo y último debate, de la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.
Pero también será clave para el trámite de la reforma a la Justicia, acto legislativo que será presentado por el Gobierno a partir en julio próximo.
Santos destacó la aprobación
El presidente Santos destacó la 'histórica' aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial.
"Otro hecho histórico: después de 19 intentos fue aprobada Ley de Ordenamiento Territorial. Felicitaciones al Congreso", escribió el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter.
REGAÑO A ORGANISMOS DE CONTROL PARA QUE INVESTIGUEN DELITOS PÚBLICOS
El Distrito Judicial de Villavicencio criticó los tres años del sistema acusatorio.
A los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) no les fue muy bien en la evaluación al funcionamiento que sobre los tres años del Sistema Penal Acusatorio (SPA) hizo el Distrito Judicial de Villavicencio con la Corporación Excelencia a la Justicia.
De hecho, el sistema de justicia les reclama "más resultados" en lo que tiene que ver con las investigaciones a los delitos contra la administración pública.
Así lo dio a conocer el presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, el magistrado Romelio Daza, al revelar los resultados del balance.
"Se requiere más esfuerzo y conocimiento no solo a los jueces y fiscales, sino a los que ejercen funciones de policía judicial (Sijín, CTI y DAS)", precisa Daza.
Todo indica, según la evaluación, que ni la Procuraduría ni la Contraloría están "contribuyendo lo suficiente a apoyar ese tipo de investigaciones".
De otra parte, hay una marcada preocupación porque no se está cumpliendo con el principio de velocidad del sistema. Tanto en Fiscalía como en juzgados y el Tribunal hay un rezago de procesos de Ley 600, el sistema de justicia antiguo.
"No hubo transición y estamos asando y comiendo, es decir, hay fiscales y jueces conociendo casos de los dos sistemas de justicia", dice Daza.
Lo grave, advierte el Magistrado, es que están a punto de llegar a los juzgados unos mil procesos de justicia y paz que ocurrieron en vigencia de Ley 600.
Lo de resaltar
Sobre el Sistema Penal Acusatorio, el magistrado Romelio Daza resaltó que "los jueces, a través de las audiencias, están haciendo justicia de cara a la sociedad, ya no lo hacen encerrados en un despacho".
Según Daza, con 990 audiencias virtuales el Distrito Judicial es piloto en el país. Ve necesario que haya una evaluación a las garantías que ofrece "porque hay casos en los que hay percepción de impunidad".
CONSEJO DE ESTADO LLEVA OTROS PROCESOS POR TOMAS GUERRILLERAS
El presidente de ese tribunal, Mauricio Fajardo, confirmó que por el fallo de Las Delicias fueron compulsadas copias a la Fiscalía contra exfuncionarios.
El Consejo de Estado dio a conocer que lleva otros procesos por las tomas guerrilleras que en el pasado se presentaron en el país.
El presidente de ese tribunal, Mauricio Fajardo, dijo que hay otras demandas en curso.
Sin embargo, admitió que es imposible dar el sentido en el que van a ser fallados los procesos. "Cada proceso tiene sus características y particularidades", explicó.
De las tomas guerrilleras en curso estarían Mitú, El Billar y Patascoi.
Por tomas guerrilleras la jurisprudencia ya está consolidada por la posible respuesta tardía de la Nación para combatir los ataques subversivos.
Al referirse acerca de si el Consejo de Estado tuvo en cuenta la capacidad fiscal de la Nación, Fajardo señaló que dentro del marco de la Constitución el Estado debe responder patrimonialmente por un daño antijurídico.
"Hemos mantenido los parámetros para indemnizar que tradicionalmente se han utilizado", agregó.
La declaración de Fajardo se dio en un evento sobre la Constitución adelantado por la Cámara de Representantes.
EL ESPECTADOR
EN AÑO ELECTORAL
Crean comisión para redacción de proyecto de reforma al Código Electoral
Tres meses tendrá el Ejecutivo para presentar al Legislativo la iniciativa.
El Gobierno Nacional creó una comisión que se encargará de redactar el proyecto de reforma al Código Electoral, que luego será presentado al Congreso de la República.
La Comisión fue creada a través del Decreto 1870 del 27 de mayo del presente año, que fija tres meses a partir de la publicación del documento para que sea redactado el texto del proyecto de reforma. El proyecto debe incluir la modernización de los diferentes procedimientos que se aplican en las votaciones y que rigen la organización electoral, para asegurar la libre expresión, espontánea y autentica de los ciudadanos.
Estará conformada por el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado; el Secretario Jurídico de la Presidencia o su delegado; el presidente del Consejo Nacional Electoral; el Registrador Nacional; los cuatro magistrados de la Sala de Consulta y Servicio del Consejo de Estado; el Presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado; y un congresista miembro de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia del organismo electoral.
La comisión, además del proyecto de reforma, también tendrá que preparar los respectivos decretos reglamentarios.
EN TERCER DEBATE APRUEBAN GRUESO DE LEY DE INTELIGENCIA
El 50% de la iniciativa fue aprobada en la comisión primera de Senado y se espera la aprobación total este miércoles.
La comisión primera del Senado aprobó este martes cerca del 50% de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.
Dentro de los artículos se aprobó la columna vertebral del proyecto. La ley pretende proteger a los colombianos de los delincuentes que pueden estar pensando realizar actividades de inteligencia, como las interceptaciones o ‘chuzadas’ telefónicas, sin previa orden judicial.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, dijo que igualmente la iniciativa establece que los agentes también serán protegidos para poder adelantar su tarea sin el temor de ser sometidos a procesos judiciales.
“La Ley establece que sólo podrán ser objeto de actividades de Inteligencia los delincuentes o quienes representen una amenaza para la seguridad de los colombianos”, aseguró.
Sin embargo, “nadie puede ser objeto de seguimiento o interceptaciones por razón de credo, razón, género o filiación política”.
“La Ley limita sensiblemente y clarifica la competencia propia de los servidores de inteligencia”, recalcó Rivera.
Algunos temas que quedan de aprobación final quedaron para este miércoles.
VÍA LIBRE A CREACIÓN DE FONDOS PARA CANALIZAR REGALÍAS
Así lo establece el proyecto de ley que paso a sanción presidencial que contempla el ordenamiento territorial.
El Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que contempla el ordenamiento territorial del país.
Después de 20 años de la Constitución de 1991, se aprobó la ley que pasó a sanción presidencial que contempla medidas especiales al Ejecutivo para el ordenan la Nación.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, destacó de la Ley el artículo que permite la creación de los fondos de inversión para canalizar los recursos de las regalías, que tras la aprobación del acto legislativo, serán redistribuidos en los 1.100 municipios del país.
ley de ordenamiento territorial contempla:
Creación de zonas especiales
Permite alianzas estratégicas de los municipios
Crea seis regiones de planificación
Crea los fondos de inversión para canalizar los recursos de las regalías
Avanza en temas de áreas metropolitanas
Para el Gobierno Nacional el proyecto es la columna vertebral en la búsqueda de las alianzas y asociaciones entre municipios.
Sin embargo, la ley dejó pendientes el manejo de las zonas de las poblaciones indígenas y afrocolombianas; las cuales tras la sanción del proyecto, iniciará una consulta previa.
AUMENTARÍA A 103 EL NÚMERO DE SENADORES EN EL PAÍS
BUSCAN DARLE UNA CURUL A LAS NEGRITUDES
Una nueva idea surgió alrededor de la defensa de la población afro del país y la representación política de esa comunidad.
Aunque desde la Constitución de 1991 se legitimó la participación de las comunidades negras en el Congreso de la República, ésta se limitó al acceso en la Cámara de Representantes y no se brindó ese espacio en el Senado.
En la búsqueda de acciones afirmativas en el marco del Año de la Afrocolombianidad, el representante Yahir Acuña presentó una reforma constitucional para permitir el acceso de las negritudes a la Cámara Alta.
Según él, la idea es pasar de 102 a 103 legisladores en esa corporación, donde quede claro que una curul será para la circunscripción especial de las negritudes y dos más, como está actualmente, para la población indígena.
Acuña confirmó que el Gobierno se comprometió a avalar el proyecto y coayudar en el tránsito del acto legislativo que será presentado el próximo 20 de julio.
Tras la aprobación del proyecto no será necesario llamar a elecciones de inmediato pues quedará claro en la iniciativa que la nueva curul operará a partir de los comicios de 2014.
Según el Dane, entre un 15 y 20 por ciento del total de colombianos son afro. De ahí radica la petición de Acuña por una curul en el Senado.
FISCALÍA, CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA TENDRÁN MÁS FACULTADES
CÁMARA APROBÓ TEXTO DE CONCILIACIÓN DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
La norma prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado.
La plenaria del Senado en el Congreso de la República.
Por unanimidad la Plenaria de Cámara de Representantes aprobó el texto de conciliación del proyecto de ley por medio del cual se adopta el Estatuto Anticorrupción, el cual incorpora herramientas para que el Estado enfrente este fenómeno.
El proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción dota a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, de nuevos instrumentos no solo para combatir la corrupción, sino para adelantar de manera expedita los procesos.
Esta semana también será conciliado el texto en Plenaria de Senado, dándole paso a la sanción presidencial.
Principales aspectos aprobados en el Estatuto Anticorrupción
1. Genera un estricto régimen para evitar la “puerta giratoria” entre el sector público y el privado.
2. Prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado, por el período para el cual haya sido elegido el respectivo candidato.
3. Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.
4. Se establecen importantes medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.
5. Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.
FALSOS POSITIVOS
DEFENSORÍA MILITAR NIEGA DILACIONES EN JUICIOS A MILITARES
Pidió a la Fiscalía que puntualice la denuncia que hizo ante el Consejo Superior de la Judicatura al respecto.
La Nueva Defensoría Militar, Demil, pidió a la fiscal General Viviane Morales que puntualice con nombres fechas y demás datos relevantes “los graves y generalizados señalamientos” que hizo frente a las presuntas maniobras de dilación de los procesos que involucran a militares en falsos positivos.
“La generalización frente a la “presuntas” maniobras de dilación, ve perjudicado el buen nombre de una institución privada creada para defender a los soldados de la patria en un contexto que diariamente se antoja más hostil frente a sus derechos y garantías procesales”, señaló la entidad en un comunicado.
Demil calificó la denuncia de la Fiscal Morales como una generalidad que le hace daño a esta fundación de carácter privado que se dedica a la defensa de militares procesados por diferentes delitos.
La fiscal denunció dilaciones injustificadas en varios procesos judiciales contra militares, en una carta dirigida al Consejo Superior de la Judicatura.
En esa carta, Morales alerta de que "miembros de la fuerza pública vinculados a procesos penales acuden al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedmiento".
Luego precisa que esa práctica "se ha convertido en costumbre en los procesos en los que interviene la Defensoría Pública Militar (Demil)", lo cual "ha venido entorpeciendo y dilatando" los juicios sobre los casos conocidos como "falsos positivos".
La fiscal se refiere específicamente en la carta al llamado "caso Soacha", que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
"En este caso no solamente no se ha podido llevar a cabo la audiencia preparatoria, sino que los militares implicados adquirieron su libertad por causa de dilaciones que a la fecha no han permitido iniciar el juicio oral", subraya Morales.
Esas dilaciones consisten "en el cambio sistemático y reiterado de defensores en el curso de las audiencias, justamente al inicio de las mismas, para evitar su realización", indica.
Según la fiscal, lo mismo está sucediendo en el caso del subteniente Raúl Muñoz Linares, acusado de la violación de una niña y del asesinato de ésta junto a sus dos hermanos, también menores, en octubre del año pasado en un paraje rural de Tame, departamento del Arauca.
"El procesado ha designado siete abogados defensores diferentes en distintas oportunidades procesales, lo cual ha conllevado que los jueces de conocimiento decreten varios aplazamientos", señala la carta enviada al Consejo Superior de la Judicatura.
Por todo ello, Morales solicita a ese órgano que, "dentro del ámbito de sus competencias, tome las medidas que sean necesarias y suficientes para instruir a los jueces penales del país acerca de la importancia de imprimir celeridad a los procesos que se adelantan por violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario".
¿PRÉDICA DEL CATOLICISMO POR ORDÓÑEZ?
NIEGAN TUTELA POR SUPUESTA VIOLACIÓN A LIBERTAD RELIGIOSA DESDE PROCURADURÍA
El abogado Germán Rincón Perfetti dijo que impugnará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá ante la Corte.
El Tribunal Superior de Bogotá consideró que el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, no había promovido la vulneración del derecho a la libertad religiosa, como lo sostenía el accionante de una tutela.
El abogado Germán Rincón Prefetti, el mismo defiende a la pareja de lesbianas que buscan que la Corte Constitucional las reconozca como una familia, consideraba que el funcionario había permitido la realización de una serie de eventos de prédica religiosa al interior del organismo que dirige, que no se compensan con la condición aconfesional de las instituciones colombianas.
Para el tutelante, el procurador estaba violando disposiciones de la Carta Política, que prohíben al Estado identificarse con cualquier credo religioso, teniendo en cuenta la defensa por la libertad de cultos que quedó consagrada en el texto. En este sentido, han sido abiertas las invitaciones por parte de la Procuraduría a la celebración de misas católicas que tuvieron lugar en el interior de su sede en Bogotá.
Sin embargo, el Tribunal consideró que los alegatos del demandante no eran acordes a los hechos, por cuanto concluyó que no se había puesto en riesgo el respeto por sus derechos fundamentales.
Rincón, Perfetti, no obstante, señaló que ya está preparando la impugnación a la determinación en la Corte Suprema de Justicia que, en segunda instancia, conocerá el caso.
“Las creencias personales en materia política, religiosa o cultural corresponden al ámbito privado y no deben ser impuestas a los ciudadanos por parte de funcionarios públicos. Ni a través de políticas públicas, ni a través de sus decisiones como funcionarios. Es importante recordar que en Colombia está prohibido que el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión, y que se realicen actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia”, insiste el jurista.
EL COSTOSO CÁNCER DE LA SALUD
Por: Rodrigo Lara
A propósito de la crisis del sistema de salud, Alejandro Gaviria escribió en su columna de hace dos semanas sobre los incentivos perversos del sistema de recobros al Fosyga. Para Gaviria, tal sistema es una invitación al fraude. Y concluye que nada o poco se ha hecho para desmontar el sistema de recobros pervertidor, el cáncer de la salud.
Ciertamente, el descontrol en los recobros permite la corrupción. Asimismo, las EPS no tienen incentivos para recobrar al Fosyga los medicamentos más baratos, porque en últimas el Estado termina pagando las cuentas que le pasen, y entre más caro el medicamento, pues mayores son sus márgenes de intermediación.
Pero inclusive en un sistema ideal sin estos incentivos perversos, el problema de fondo persiste: lo que se recobra es muy caro a precio de mercado. De los diez medicamentos más recobrados al Fosyga, seis son productos de biotecnología, que hoy son monopolio en el país de unas cuantas multinacionales farmacéuticas.
A todo monopolio es consustancial el abuso en los precios. Para bajar los exorbitantes costos de lo medicamentos, el Gobierno piensa adoptar un control de precios. Pero me temo que la medida sea de difícil aplicación, porque los medicamentos de última generación no tienen precios de referencia internacional precisos, debido a que no se comercializan a granel; sus ventas son el resultado de negociaciones de Estado, que los compran a escala para sus sistemas de salud.
La quimio a este cáncer consiste en romper estos monopolios con el desarrollo de una producción nacional de biotecnología que les compita a las multinacionales. Pero los obstáculos para este desarrollo son mayúsculos. A pesar de que la biotecnología no es patentable, hoy somos el único país de América Latina que establece una protección de cinco años de los estudios de seguridad y eficacia de estos medicamentos, lo que en la práctica es una patente disfrazada. Asimismo, el Invima le exige, a un productor nacional que desea producir un genérico, que reproduzca los mismos estudios que desarrollaron las multinacionales. Estudios que cuestan miles de millones de dólares.
Los medicamentos de biotecnología son mucho más baratos en Brasil, Argentina y México por la simple razón de que en esos países florece una industria nacional de biotecnología que compite con las multinacionales. Por eso es que en Argentina un producto como el Interferón (cáncer) cuesta 37 mil pesos, mientras que aquí el monopolio nos cobra entre 300 y 400 mil pesos.
Cuando en Colombia se vencieron las patentes de los fármacos en los años setenta, inmediatamente floreció la producción nacional de genéricos. El siglo XX fue el de la química, el de los fármacos. El siglo XXI es el de la biotecnología. El Gobierno está frente a dos senderos que se bifurcan; puede proteger los monopolios con argumentos de ‘sacrosantas’ reglas de los mercados; o puede reglamentar el desarrollo de medicamentos nacionales de biotecnología, lo que en últimas es una decisión de fondo sobre la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso de la población a los medicamentos de este siglo.
EL NUEVO SIGLO
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES UN HECHO HISTÓRICO: SANTOS
Senado y Cámara aprobaron la conciliación.
“OTRO HECHO histórico: después de 19 intentos fue aprobada Ley de Ordenamiento Territorial. Felicitaciones al Congreso”.
Con estas palabras, plasmadas en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos recibió la aprobación de la conciliación, en Senado y Cámara, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot).
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, coincidió con las palabras de Santos: “Creo que también hoy es un día histórico. Después de veinte años y veinte iniciativas que habían sido negadas se aprobó hoy en último debate la Ley de Ordenamiento Territorial que crea los Fondos de Inversión Regional y también las zonas especiales. La Ley permitirá fomentar alianzas estratégicas de entidades territoriales, o sea, entre los municipios. También esta ley avanza en los proyectos de áreas metropolitanas”.
Este proyecto de ley, que pasa a sanción presidencial, tiene por objeto dictar las normas orgánicas para el ordenamiento del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; distribuir competencias entre la Nación y las entidades territoriales y establecer las normas generales para la organización territorial.
El senador ponente Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, indicó que esta es una ley “que va desarrollar la vida regional del país. No permite crear el cuarto nivel, es decir un nuevo nivel de administración que intermediaría entre los departamentos y la Nación”.
Velasco también resaltó la creación de los fondos de compensación, relacionada con la Ley de Regalías.
Puntos claves
El Loot contempla como principales aspectos:
• Define los conceptos generales marco del ordenamiento territorial.
• Se promoverán y pondrán en marcha las Zonas de Inversión para la superación de la pobreza y la marginalidad: para ligar el desarrollo de la Nación a la inversión en lo local, especialmente en aquellas zonas que más lo necesitan.
• Contempla los criterios de aplicación de recursos de los Fondos de Compensación territorial y de Desarrollo Regional, que se regulan en el acto legislativo de regalías.
• Define los principios mínimos que orientan su ejecución a proyectos de inversión de impacto regional: obras como el Tren del Caribe, grandes autopistas, zonas portuarias, premiando la asociatividad en la inversión, con burocracia cero.
• Habrá Región, pero sin más estructuras burocráticas: Región para la inversión y el desarrollo, a través de las regiones de Planeación y Gestión y de las Regiones Administrativas y de Planificación.
• Plantea un modelo de integración regional que promueve las alianzas estratégicas de entidades territoriales para generar economías de escala, proyectos productivos y competitividad para el desarrollo y la prosperidad.
• Se crean formas flexibles y novedosas de integración territorial, premiando la inversión y la competitividad como las Regiones de Planeación y Gestión.
• Se fortalecerán las áreas metropolitanas: se define su régimen especial y se desarrollan criterios para facilitar su creación.
• Regula la delegación de competencias vía contrato plan entre la Nación y las entidades territoriales, lo que permite un escenario flexible de negociación de competencias, según capacidad fiscal, técnica o administrativa entre la nación y las entidades territoriales. No traza un marco rígido o un catálogo inflexible de competencias.
UN ESTATUTO CON “DIENTES”
*Castigos más drásticos a delitos de alto impacto
*En seguridad no se puede aflojar un milímetro
LA estrategia de seguridad en Colombia está en pleno ajuste y desde distintos frentes. Días atrás, el Ministerio de Defensa presentó las bases de la que llamó “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad” que, en gran parte, delinea el nuevo énfasis operacional para mantener el orden público, por lo que su objetivo primario es luchar contra la guerrilla, las bandas criminales de neoparas, el narcotráfico y otras amenazas terroristas o delincuenciales de gran escala.
Paralelo a ello el Gobierno ha impulsado en el Congreso otras dos iniciativas clave para su estrategia de seguridad. De un lado, meses atrás radicó el proyecto de Estatuto de Convivencia Ciudadana que reforma los códigos Penal, de Procedimiento Penal y el de Infancia y Adolescencia, con el fin de darle al Estado herramientas más eficaces para combatir y neutralizar la delincuencia organizada y común.
Esta iniciativa fue aprobada este martes en último debate por la Cámara de Representantes y una vez supere la instancia de conciliación con el Senado, en pocos días entrará a regir. Se trata, sin duda, de un compendio de normas que por combinar aspectos como el agravamiento de penas a delitos de alto impacto y la tipificación de nuevas conductas ilegales, debe permitir neutralizar los picos de inseguridad urbana y criminalidad registrados en los últimos meses.
El menú de reformas a los códigos es muy amplio. En materia de técnica judicial, se amplían los términos procesales de las causas penales, cerrando el paso así a las polémicas excarcelaciones. También habrá vía libre a los allanamientos durante las 24 horas del día, se regula lo relativo a las interceptaciones telefónicas a sospechosos -obviamente con previa orden judicial- y se aumenta el ámbito para las audiencias ante los jueces de garantías.
Paralelo a ello el Estatuto atacará delitos que hoy por hoy tienen asolada a la ciudadanía como el tráfico de celulares robados, la venta de autopartes hurtadas, comercialización de medicamentos especiales propios del sistema de seguridad social en salud y la utilización de menores para hechos criminales.
En cuanto a comportamientos sociales que se volvieron un peligro para la comunidad, el proyecto aprobado establece como delito hacer disparos al aire y el bloqueo de vías en desarrollo de marchas y protestas, al tiempo que castiga con más drasticidad el porte ilegal de armas. De igual forma se instauran mecanismos para reprimir el fenómeno de las barras bravas, lo que complementa los ya contemplados en la recién estrenada ley del fútbol.
No menos importante dentro de la estrategia para recuperar los índices de seguridad urbana y rural será el aumento de penas por el tráfico de estupefacientes así como una penalización efectiva a los menores de edad que cometan homicidios dolosos, secuestros extorsivos o agresiones sexuales. Ahora podrían recibir condenas de hasta acho años y no accederán a excarcelación al cumplir los 21 años de edad.
Tras los últimos escándalos de corrupción e infiltración criminal en la política, instituciones públicas y otros sectores de la sociedad, buen recibo tendrá que la financiación de grupos delincuenciales tenga ahora una pena de prisión entre 13 y 22 años así como la mayor agilidad para disponer de bienes incautados de origen ilícito.
Como se ve, tanto la nueva Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, así como este Estatuto de Convivencia Ciudadana, unido a proyectos que también avanzan en el Legislativo como las reformas al Código de Policía y al Régimen Penitenciario, deben configurar un escenario en el que cada vez la delincuencia común y organizada tengan menor margen de acción para actuar y, de hacerlo, las penas sean más drásticas y ejemplarizantes. Si no se procede en este sentido, la fuerza sancionatoria del Estado seguirá debilitándose y dando paso al imperio de la criminalidad y el irrespeto por la ley.
CONGRESO VOTARÍA HOY DEFINITIVAMENTE LEY DE VÍCTIMAS
Fue adoptado texto aprobado en Senado, que incluye fecha de reparación desde el primero de enero de 1985 y exigencia del contrato de transacción.
EL TEXTO del proyecto de Ley de Víctimas que fue aprobado en Senado la semana pasada, donde se hace el reconocimiento de que en Colombia hay conflicto armado interno, fue acogido por las Comisiones de las dos Cámaras, por lo que hoy votarán el texto final en las plenarias de ambas corporaciones legislativas.
Sin embargo, aunque el Polo Democrático dice que votará la ponencia, anunció que pedirá una revisión del proyecto, una vez sea ley, a la Corte Constitucional.
El título de la iniciativa, tal como fue aprobado en el Senado, es: “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
En cuanto al concepto de víctimas, el texto dispone que "se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del primero enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno".
En ambas cámaras habían incluido como beneficiarios a los cónyuges, incluso del mismo sexo, a los miembros de la Fuerza Pública y a familiares de los mismos integrantes de los grupos armados ilegales. De igual manera, quedó en claro que no habrá beneficios para las víctimas de la delincuencia común.
En el texto conciliado también ratifican que el reconocimiento del conflicto no les da legitimidad alguna a los grupos armados ilegales, menos estatus de beligerancia, y resaltan la labor ofensiva de la Fuerza Pública para poder atacar a los alteradores del orden público.
Así mismo, decidieron que para las víctimas reconocidas antes de 1985, habrá medidas de satisfacción, pero no económicas. A partir del primero de enero de 1991 se hará restitución de tierras.
El Senado también había ordenado la transformación de Acción Social en el Departamento Administrativo para la Inclusión y la Reparación, con autonomía y presupuesto propio, y, dentro de ese departamento, ordenó la creación de una Unidad Administrativa Especial, que se encargará de todo el trabajo de atención a las víctimas. Además, asumirá las funciones de la actual Comisión de Reparación y Reconciliación, una vez finalice su período de transición a finales de 2012.
Por último, en la conciliación también incluyeron la nueva especialidad de justicia para la restitución de tierras, donde serán los Jueces de Circuito quienes determinarán en primera y única instancia la restitución de tierras, cuando no haya poseedores de buena fe. Se calcula que de seis millones de hectáreas, cuatro están abandonadas y serían objeto de esta instancia. Para los dos millones de hectáreas restantes, donde sí hay otros poseedores, los mismos jueces instruirán todo el caso y serán los Tribunales Superiores los que decidirán. Además habrá una especie de segunda instancia, o casación, ante la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, durante la conciliación del texto, el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras se declaró satisfecho por el consenso logrado.
“El Gobierno agradece a los partidos y a la comisión de conciliación por tan importante labor. Se decidió acoger el texto aprobado en el Senado, lo que celebramos, porque nos permite avanzar”, declaró el funcionario.
Entre tanto, el coordinador de ponentes, senador liberal Juan Fernando Cristo, afirmó que hicieron una explicación a los Representantes a la Cámara acerca de los cambios y en los temas claves con los que cuenta la iniciativa. “En todos ellos hay acuerdo con esta comisión. La gran virtud de esta ley es que logró el mayor consenso posible”, dijo.
Al respecto, el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, valoró que exista una ley como ésta, pero hizo reparos a la misma. "Hemos hecho unas 200 proposiciones para mejorarlo. Hemos sido reticentes porque esto estaba conciliado con el Presidente Santos antes de venir a esta mesa. El proyecto de ley tiene falencias y debilidades profundas y vamos a acudir a un derecho de revisión constitucional sobre varios artículos del mismo", dijo
EL PROBLEMA NO ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN, SINO EN LOS OPERADORES: ZAFRA
El constituyente expresa que el proyecto de la regla fiscal busca, básicamente, ponerle cortapisas a la tutela.
La Constitución no puede hacerse responsable por la forma como la apliquen los operadores, y en ese camino se han dado avances y retrocesos, señala el constituyente Gustavo Zafra.
Añade que en materia de derechos como educación, salud y educación se han logrado avances pero al tiempo pasos atrás, por la modificación de la fórmula para distribuir recursos de inversión social por medio del Sistema General de Participaciones.
EL NUEVO SIGLO: ¿En su desarrollo, la Constitución ha tenido más avances o más retrocesos?
GUSTAVO ZAFRA ROLDÁN: Ha habido avances y ha habido retrocesos. Como avances, creo que se mejoró el sistema de Partidos y se mejoró por medio de unas reformas el régimen, llamémoslo así, de bancadas y de financiación de Partidos.
Retrocesos, creo que han sido las tres reformas al Sistema de Participaciones, pues se ha disminuido la fórmula de transferencias a educación y salud. Entonces, yo diría que después de la Constitución, las reformas han tenido ese efecto en algunos casos positivos y en otros negativos.
ENS: ¿Qué análisis hace de los derechos económicos que tiene nuestra Constitución?
GZR: Obviamente en derechos económicos ha habido avances, sobre todo en los que se llaman derechos de segunda generación de salud y educación, y protección por vía de tutela, pero también obviamente hemos visto el problema de corrupción en el sistema de salud, al que evidentemente hay que ponerle coto, y además a los desbordamientos de las regalías en algunos departamentos, que también hay que ponerle coto.
Entonces, el efecto es por un lado positivo, y por el otro negativo.
ENS: En este momento el Congreso tramita el proyecto de regla fiscal y usted ha sido muy crítico de esta iniciativa, ¿por qué?
GZR: Básicamente es porque meter la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal, que sólo tienen cuatro países y el único serio que tiene eso es Alemania, que ya tiene satisfechas sus necesidades sociales fundamentales, es crearle un obstáculo a los fallos de tutela de la Corte, sobre todo en el tema de salud, educación y pensiones. Entonces, volver a esa fórmula, que es de los Partidos de extrema derecha, como el famoso Tea Party, es establecer un obstáculo a las decisiones de los jueces de proteger derechos fundamentales.
Yo aspiro a que ese proyecto no pase, por lo menos como lo concibió el Ministro de Hacienda, que creo que del tema constitucional ha demostrado entender más bien poco.
ENS: ¿Y qué opinión le merecen otras modificaciones constitucionales, como la prohibición de la dosis mínima de estupefacientes?
GZR: Creo que hay es que tratar de elevar el nivel educativo y cultural; la adicción es un tema de combatirse más con medidas de prevención, de salud pública, de educación, por supuesto sin dejar de combatir el narcotráfico.
ENS: Es la Constitución de los derechos, pero hay quienes dicen que varios no se aplican plenamente, como el caso de la objeción de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad…
GZR: Eso es cierto, ¿pero en qué sentido? Es que una Constitución es una regla de juego, pero uno no le puede pedir a la Constitución que los operadores y los actores que jueguen con esas reglas se comporten adecuadamente. Es como decir que la regla del fútbol del fuera de lugar y todo eso está mal diseñada; no, es que depende de los actores que se pongan a operar. Entonces, una sociedad con una buena cultura política puede jugar bien con la Constitución del 91. El problema no está en la Constitución, sino en los operadores
Cadena perpetua
Ante la propuesta de un referendo para modificar el artículo 34 de la Carta, castigando a los abusadores y asesinos de niños hasta con cadena perpetua, Zafra argumenta que “no creo que el tema sea trabajando con el aumento de penas que después no se cumplen o terminan ajustándosela a gente inocente. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es mejorar la investigación penal y tener decisiones más rápidas y aumentar el nivel de educación y cultural”.
CORTE, SIGUIENTE ESCENARIO PARA LEY DE REPARACIÓN
“Quedaron serios vacíos”: Iván Cepeda.
Por Armando González
Mientras SE espera con expectativa el desarrollo de la conciliación de la Ley de Víctimas, en puntos muy controversiales, como las fechas de la reparación o la precisión en la definición de víctima, que según lo aprobado en Cámara o Senado dejan por fuera o incluyen a grupos de colombianos, se prepara la siguiente “vuelta” de la iniciativa en la Corte Constitucional.
Así lo advirtió el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien anunció que en el trámite de conciliación defenderá los aspectos avanzados de la nueva norma y pedirá la eliminación de aquellos que estima inconvenientes.
Por ejemplo, indicó que será clave respetar la fecha más amplia y que la reparación se extienda a todas las víctimas, y no sólo a aquellas que se deriven del conflicto armado. También buscará que se elimine la figura del contrato de uso y se les pueda restituir materialmente las tierras a los despojados; también pedirá la eliminación de los artículos que pretenden que el Ministerio de Defensa pueda pedir la revisión de los procesos de reparación a las víctimas, y el que excluye del derecho de restitución a quienes retornen a sus tierras mediante las vías de hecho.
Cepeda afirmó que valora la aprobación de la iniciativa, la cual ha sido conseguida con el esfuerzo de las víctimas, pero que después de la aprobación elevará demanda ante la Corte Constitucional para que en esa instancia subsanen las falencias que, según él, todavía dejan por fuera a muchas víctimas de una reparación integral.
“Venimos a esta conciliación a defender los avances de la Ley de Víctimas, pero también reconocemos que quedaron serios vacíos en materia constitucional. Por eso nos vemos en la obligación de buscar que la Corte corrija esos vacíos”, aseguró, anticipando que con la demanda pretenden ampliar el universo de las víctimas, buscando extender al máximo la fecha de cobertura, desde el punto de vista del respeto de los tratados internacionales y bajo el reconocimiento de las víctimas de las estructuras paramilitares que el Gobierno llama ‘bacrim’, garantizando que no haya discriminación alguna a las víctimas.
La U
El lunes, el mandatario Juan Manuel Santos se reunió con los representantes a la Cámara del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y al concluir el encuentro, el senador Juan Lozano, presidente de la colectividad, declaró que esa agrupación apoyará la posición del Gobierno Nacional, tanto en Cámara como en Senado.
Símbolos
Lejos de los pasillos del Capitolio Nacional, los sobrevivientes del conflicto armado esperan no tanto la expedición de la ley sino la voluntad política para echar a andar los mecanismos que propicien la verdad, la justicia y la reparación.
Por ejemplo, esta tarde, los Cabildos Mayores de Río Verde y Río Sinú, el Colectivo Jenzerá y la Comisión Colombiana de Juristas presentarán el libro Kimy, palabra y espíritu de un río, en el auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.
Es un homenaje al dirigente sinú Kimy Pernía, desaparecido por los paramilitares hace diez años, el 2 de junio de 2001, en Tierralta, Córdoba, donde después funcionaría la “zona de distensión”.
Pernía lideró las movilizaciones de las comunidades indígenas del Alto Sinú para defender la dignidad, el territorio y la cultura de su pueblo, derechos que consideraron vulnerados por la construcción de la represa Urrá.
Poco tiempo después de su desaparición, el filósofo y periodista francés Bernard Henry-Levy entrevistó al jefe paramilitar Carlos Castaño para Le Monde y le preguntó por las razones para los asesinatos; luego que Castaño dijera que “siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo, impiden trabajar a la gente. Por eso los matamos”, el entrevistador le preguntó en particular por Pernía, inquiriéndole “¿a quién le impedía trabajar él?”, a lo que el mando irregular expresó: “¡La represa! ¡Impedía el funcionamiento de la represa!”.
El 15 de enero de 2007, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró que habían matado a Pernía y que su cuerpo había sido tirado al río Sinú.
PRESIDENTE DEBERÁ RECTIFICAR COMENTARIO SOBRE UN JUEZ
Cuando ya corrían las 48 horas que tiene el presidente Santos para rectificar el comentario que hizo hace algunas semanas, de que hay algunas “manzanas podridas” que no pueden ensombrecer la labor de la Justicia, para rechazar la decisión de un juez, el ministro del Interior Germán Vargas, dijo sin entrar en detalles, que el Mandatario “no ha hecho una alusión particular que pueda decir uno descalifica la tarea de la justicia colombiana”.
Hasta hoy tiene el Jefe de Estado para rectificar ese comentario, según resolvió ayer el Tribunal Superior de Bucaramanga al fallar una tutela presentada por el juez de Familia Juan de Dios Solano, quien invocó la vulneración del derecho a su dignidad y honra.
Hace algunas semanas Santos Calderón se mostró contrariado por la decisión del juez de dejar en libertad a José Marvel Segura, alias Chucho, quien, según las autoridades, es guerrillero de las Farc. Como consecuencia el Jefe de Estado dijo que hay algunas “manzanas podridas” que no pueden ensombrecer la labor de la Justicia.
Aunque desde su llegado al poder se ha cuidado de mantener buenas relaciones con la Justicia y de no controvertir los fallos judiciales, que contrasta con las difíciles relaciones que su predecesor Álvaro Uribe mantuvo con la Corte Suprema de Justicia, Santos ya había reaccionado el pasado 30 de marzo por la condena al general (r) Jesús Arias Cabrales, a quien la juez 51 Penal de Bogotá Cristina Trejos condenó a 35 años de prisión al considerarlo responsable por la desaparición de once personas en la recuperación del Palacio de Justicia.
Santos calificó esta decisión como injusta, lo que motivó el rechazo de Asonal Judicial, que expuso que el Jefe de Estado había roto su promesa de no controvertir fallos judiciales.
Piden a EPS ponerse al día con hospitales
LLAMADO A LAS EPS
Un llamado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que cancelen la cartera que tienen pendiente con las instituciones adscritas a la red hospitalaria pública, hizo el secretario Distrital de Salud, Héctor Zambrano, quien reiteró el compromiso de la Administración Distrital para garantizar la prestación de los servicios.
Entidades como las EPS, los entes territoriales, el Inpec y el mismo Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, le adeudan dinero al sistema de salud distrital.
“Esa cartera con la red pública ha venido creciendo, sobre todo allí se evidencia lo relacionado a las deudas por parte de las EPS”, dijo Zambrano.
En el caso de las EPS, el Secretario de Salud señaló que estas entidades justifican el no cumplimiento de sus obligaciones, por el retraso de pagos por parte del Fosyga.
“Esta situación se ha venido dando por el problema de multiplicidad en las bases de datos y también por lo recobros no POS que hacen las EPS al Fosyga, que también demoran en hacerse efectivos. En consecuencia, los hospitales públicos son los que se ven afectados por esta circunstancia”, explicó el funcionario.
Zambrano reiteró que, a pesar de esta cartera pendiente, ningún centro asistencial se verá afectado: “Aquí hay que destacar que en medio de esta situación, todos los hospitales siguen funcionando, algunos con dificultad, pero ninguno va a ser cerrado ni ningún servicio va a ser clausurado”.
Para mitigar el impacto que estas deudas puedan causarle al Distrito, la Secretaría de Salud, en trabajo conjunto con la Procuraduría, adelanta la firma de acuerdos que permitan lograr los pagos con las EPS
TRAS 20 AÑOS, CONGRESO EXPIDE LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Uno de los puntos de la Ley de ordenamiento territorial plantea que se fortalezcan las áreas metropolitanas: se define su régimen especial y se desarrollan criterios para facilitar su creación.
El proyecto fue aprobado en último debate y pasará a sanción presidencial. La futura ley crea regiones de planificación y fondos de inversión a los que llegarán las regalías.
Si había una asignatura pendiente luego de la Constitución de 1991 era la ley de ordenamiento territorial. Además, nunca antes esta iniciativa había superado su trámite en el Congreso, a pesar de que año tras año un proyecto de esas características era radicado en el Legislativo.
Por eso el presidente de la República, Juan Manuel Santos, calificó la aprobación de este proyecto como "otro hecho histórico: después de 19 intentos fue aprobada Ley de Ordenamiento Territorial” y por eso aprovechó para felicitar al Congreso.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue el funcionario del Gobierno que se encargó de promover esta ley. Y aunque lo hizo sin tanta atención mediática, como con otros proyectos, fue el primer ministro del Interior que, después de la Constitución del 91, consiguió que el Congreso legislara en la materia.
“Creo que también hoy es un día histórico. Después de 20 años y 20 iniciativas que habían sido negadas, se aprobó hoy en último debate la Ley de Ordenamiento Territorial que crea los Fondos de Inversión Regional y también las zonas especiales. La Ley permitirá fomentar alianzas estratégicas de entidades territoriales, o sea, entre los municipios. También esta ley avanza en los proyectos de áreas metropolitanas”, dijo Vargas Lleras
Este proyecto de ley, que pasa a sanción presidencial, tiene por objeto dictar las normas orgánicas para el ordenamiento del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; distribuir competencias entre la Nación y las entidades territoriales y establecer las normas generales para la organización territorial, tal como lo explicó el ministro de Interior.
Principales puntos de la ley
• Define los conceptos generales del ordenamiento territorial.
• Se promoverán y pondrán en marcha las Zonas de Inversión para la superación de la pobreza y la marginalidad para ligar el desarrollo de la Nación a la inversión en lo local, especialmente en aquellas zonas que más lo necesitan.
• Contempla los criterios de aplicación de recursos de los Fondos de Compensación territorial y de Desarrollo Regional, que se regulan en el acto legislativo de regalías.
• Define los principios mínimos que orientan su ejecución a proyectos de inversión de impacto regional: obras como el Tren del Caribe, grandes autopistas, zonas portuarias, premiando la asociatividad en la inversión, con burocracia cero.
• Habrá Región, pero sin más estructuras burocráticas: Región para la inversión y el desarrollo, a través de las regiones de Planeación y Gestión y de las Regiones Administrativas y de Planificación.
• Plantea un modelo de integración regional que promueve las alianzas estratégicas de entidades territoriales para generar economías de escala, proyectos productivos y competitividad para el desarrollo y la prosperidad.
• Se crean formas flexibles y novedosas de integración territorial, premiando la inversión y la competitividad como las Regiones de Planeación y Gestión.
• Se fortalecerán las áreas metropolitanas: se define su régimen especial y se desarrollan criterios para facilitar su creación.
• Regula la delegación de competencias vía contrato plan entre la Nación y las entidades territoriales, lo que permite un escenario flexible de negociación de competencias, según capacidad fiscal, técnica o administrativa entre la Nación y las entidades territoriales. No traza un marco rígido o un catálogo inflexible de competencias
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LOS JUECES FALLAN POR EL INCORRECTO ACTUAR DE LA FUERZA PÚBLICA": CONSEJO DE ESTADO
En una férrea defensa al fallo en el que se condena al Ministerio de Defensa y al Ejercito Nacional por las múltiples omisiones en esta incursión guerrillera, el magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado dijo que no se justifican las criticas a esta decisión y advirtió que ya hay en curso otras demandas contra el Estado por presunta negligencia frente a este tipo de incursiones subversivas.
"Yo creo que no se puede de ninguna manera hacer responsables a los jueces por proferir unas decisiones que simplemente obedecen a unos hechos que han tenido lugar en la administración pública y que son los que la hacen responsable", sostuvo
Manifestó además que hacer responsable al juez por sus decisiones "equivale al error de confundir la responsabilidad que se le quiere imputar al médico por hacer un diagnostico respecto de la enfermedad que afecta a un paciente".
Fajardo recordó que de tiempo atrás ya hay una jurisprudencia consolidada en relación con fallas en el servicio por parte de la Fuerza Pública por no repeler estos ataques y porque su reacción fue tardía.